| Resistencia a la minería de metales a cielo abierto |
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Video: COPAE
En este video se ve doña María Hernández dando su primer testimonio sobre el atentado armado en contra de su madre, la lideresa comunitaria Teodora Antonia Hernández Cinto.
Además las primeras imágenes de la victima poco después del atentado.
Lea más en este artículo.
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| De Fotos de investigación |
Foto de la señora Teodora Antonia Hernández Cinto
En San Miguel Ixtahuacán, en las últimas dos semanas, reportamos dos agresiones armadas hacia dos personas conocidas de la resistencia contra la minería en dicho municipio. Se trata de un aumento evidente del nivel de violencia en un municipio que ha sido marcado por una conflictividad social a partir de la introducción de la mina Marlin de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de Goldcorp, hace seis años. Estos últimos hechos están en contradicción con el supuesto compromiso del gobierno de Guatemala de “garantizar la vida y la integridad física de los vecinos de la mina.”
La periodista independiente Tracy Barnett estuvo en San Marcos durante una semana en Junio 2010. Para su "Portal de Noticias Verdes para las Américas", llamado "El Proyecto Esperanza", escribió varios artículos sobre el tema de minería y resistencia, de los cuales abajo presentamos uno. Este artículo se trata del quinto aniversario de la consulta comunitaria en Sipakapa y de la aceptación por parte de la municipalidad de Q 8 millones proveniente de la empresa minera Montana Exploradora (Goldcorp).
Arriba: Un cartel producido por la COPAE, la
Comisión Pastoral de Paz y Ecología, que se ha difundido por la región.
Por Tracy L. Barnett, Traducido por Emilio Avenati
En el mes de Junio 2010, durante cinco días, el Relator Especial de derechos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya estuvo en Guatemala para dar inicio a su investigación de violaciones de los derechos indígenas. El equipo de la COPAE estuvo en su paso los días 16 y 17 cuando su helicóptero lo llevó a San Miguel Ixtahuacán, San Marcos y al Zaculeu, Huehuetenango. El relator fue recogido por miles de personas indígenas, hasta que se hablaba de un momento histórico para el pueblo Maya. En esta entrada, le relatamos los sucesos de su visita en San Miguel.
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| De 2010-05-31 Fotos de la Mina Marlin |
El dique de colas de la mina Marlin (Foto: Copae)
El día 23 de junio, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, hizo saber que el gobierno acatará a las medidas cautelares que les fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La medida cautelar principal es la suspensión de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán. El Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) aplaude la decisión, insistiendo que se tome las medidas necesarias para cumplir, y que no se quede nuevamente en el discurso. La empresa minera, por su parte rechaza la decisión, declarando seguir con la explotación.
Los días 16 y 17 de Junio, el Relator Especial de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, visitó San Miguel Ixtahuacán (Lea más) y Huehuetenango, como parte de una excursión de investigación en Guatemala. Fue recibido por miles de indígenas de las muchas aldeas del oeste de Guatemala.
El 20 de Mayo 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siendo un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), otorgó que el estado Guatemalteco tome medidas cautelares a favor de 18 comunidades Maya-Mam que entregaron una denuncia a dicha comisión en el año 2007. Esas comunidades denunciaron el hecho de que la actividad minera de la empresa Montana Exploradora (Goldcorp) en la Mina Marlin está causando violaciones a los derechos humanos en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en el departamento de San Marcos. Entre las medidas cautelares que otorgó la CIDH, se encuentra la suspensión inmediata de la Mina Marlin para evitar daños mayores o asegurar que no se lesione más la vida y la dignidad humana. El 2 de Junio del 2010, el presidente declaró que no acatará a la solicitud de CIDH porque según él “no hay fundamento para una suspensión”.
Un estudio presentado por investigadores de Salud Ambiental de la Universidad de Michigan, EEUU, por parte de la organización Physicians for Human Rights, dice que en las muestras de sangre y orina tomadas a un grupo de habitantes de las áreas más cercanas a la Mina Marlín, se encontraron niveles de metales que pueden ser tóxicos y que con el tiempo podrían estar en mayor cantidad, poniendo en peligro la salud de los habitantes y el medio ambiente.
Este estudio también confirma los resultados de los dos últimos informes realizados por la Comisión Pastoral Paz y Ecología –COPAE-, los cuales muestran la presencia de metales en las aguas de los ríos Tzalá y Quivichil, y en algunos meses del año, en cantidades altas, dando como resultado que dichas aguas no sean aptas para el uso de las poblaciones.
Los expertos norteamericanos dicen que la situación es preocupante, ya que la Mina Marlin apenas llevaba cuatro años en el momento que la investigación fue realizada. También mencionan que en pasadas investigaciones realizadas a través del mundo, los efectos de minería solo van incrementando con el tiempo. Por eso advirtieron que se espera que esta contaminación se incremente en el futuro, y que estos efectos podrían durar durante muchos años.
Foto: COPAE
En su Asamblea General de Delegados el 14 de mayo en El K’iche’ , el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) expresó su preocupación por las nuevas estrategias de la empresa Goldcorp que está maneja la división de las comunidades del municipio de Sipacapa para la extensión de sus proyectos mineros en este municipio.
Sipacapa dijo "no"
La empresa Goldcorp que opera a través de su subsidiario Montana Exploradora en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa está desarrollando una nueva estrategia para extender sus actividades en el municipio de Sipacapa. Importante saber es que dicho municipio se pronunció de forma contundentemente en contra de la minería en una consulta comunitaria en el año 2005.
Goldcorp ofreció 8 millones Q
En el pasado, la empresa Goldcorp ha trabajado fraccionando comunidades, ofertando empleo a líderes comunitarios, a quienes luego demanda actitudes serviles para la empresa. Ahora el CPO anuncia que en el mes de abril, la empresa bajo el argumento de tener disponible por acumulación de regalías solidarias, ha ofertado 8 millones de Quetzales directamente a comunidades necesitadas de proyectos de infraestructura, salud, educación, … Según la empresa, recibir dichos recursos no condiciona el ingreso de la empresa a las comunidades.
Todos los países reconocen la validez de los derechos humanos. ¿Pero donde se puede exigir el respeto hacia esos derechos o condenar sus violadores si aquellos son empresas extranjeras y si el lugar de los hechos es Guatemala? En el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), se realizó en mes de mayo en Madrid, lo que deberían haber hecho los jueces guatemaltecos, extranjeros e internacionales. El TPP condenó a Goldcorp Inc. y sus accionistas por violaciones a los derechos humanos.
Un TPP es un tribunal que no sale por las instancias jurídicas de los estados, ni por las de las organizaciones internacionales, sino, un TPP se hace dentro de una estructura de organizaciones civiles internacionales, por falta de actuación de justicia estatal o interestatal. El último TPP se celebró como alternativo a la cumbre birregional de los países de América Latina y la Unión Europea. La intención era de hacer un juicio sobre las violaciones de derechos humanos por actores europeos. Es decir, en este tribunal se trató únicamente los casos en que estaban involucrados empresas e inversionistas europeos.
Foto: COPAE
SAN MARCOS – En una rueda de prensa realizada el día 6 de mayo, 30 comunidades del sector San Carlos del municipio de San Pablo exponen sus reticencias sobre el proyecto hidroeléctrico en su municipio. En un pronunciamiento en contra de una hidroeléctrica, explotada por una empresa privada en sus ríos, aluden a la importancia del agua en su región para una agricultura y una biodiversidad excepcionales. Por una violación del derecho constitucional de consulta, ellos mismos van a tomar la iniciativa para organizar una consulta comunitaria. Además, enfatizan que su resistencia es pacífica, a pesar de la criminalización a la que se someten por fuerzas externas.
Las comunidades del Sector San Carlos del municipio de San Pablo departamento de San Marcos expresaron su punto de vista sobre la hidroeléctrica que se va a instalar en sus ríos. Destacaron que no están en contra de hidroeléctricas como recurso energético renovable, pero que se oponen a la explotación privada de tal instalación, pues entienden que las comunidades no se beneficiaran. Es decir, si la hidroeléctrica fuera explotada por la municipalidad, como es el caso en Chapul, Quché, o si la empresa cediera parte de su producción al pueblo a un precio asequible, las comunidades estarían dispuestos a discutir sobre el asunto.
Foto: CTV
El mes pasado, CTV, una estación de televisión Canadiense, presentó el resultado de su investigación periodística sobre empresas mineras Canadienses en Guatemala. Específicamente, se enfocaron en el caso de la Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos y en la minería en El Estor, Izabal. En este reportaje de alrededor de 40 minutos, subdivido en 4 partes, trataron de compartir una representación imparcial. Por eso entrevistaron a personas que están en contra y a favor de la minería igual que el obispo de San Marcos, representantes de las empresas mineras, políticos responsables, expertos imparciales y muchos más.
Para ver el documental, pinche aquí. Sin embargo, está en ingles y no hay subtítulos españoles
Según el discurso del presidente Colóm, su gobierno estaría en contra de la minería sin consulta comunitaria. El gobierno afirmó en varias ocasiones que no está otorgando y que no otorgará nuevas licencias mineras sin que los pueblos afectados sean consultados. (Fuente) Si este discurso fuese cierto, sería un buen paso a favor del pueblo, sin embargo, este discurso esconde bajo la palabra “nuevas” el verdadero interés que representa la minería para este gobierno. ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de “nuevas licencias"? ¿Podría ser que el pueblo está siendo engañado otra vez?
Para entender el resto del artículo, será útil explicarles la diferencia entre los tipos de licencias en cuanto al tiempo de vigencia y prórrogas posibles. Para empezar a explotar metales, las empresas deben haber obtenido anteriormente, primero, una licencia de reconocimiento otorgada por un plazo de 6 meses prorrogable a otros 6 meses, y segundo, una licencia de exploración por un plazo de 3 años, que podrá ser prorrogada hasta por dos periodos adicionales de dos años cada uno. Al final, la licencia de explotación se otorga por un plazo de hasta 25 años que podrá ser prorrogada hasta en un periodo igual de 25 años (Según la Ley de Minería). En 1996 se reformó la Ley de Minería en varios de sus capítulos para hacer los procesos de obtención de licencias menos rigurosos. Es decir, hay poco control sobre estos procesos y la facultad para obtener una licencia es alta.
El Río San Sebastán (Foto: COPAE)
Antes de la conferencia en San Salvador , visitamos el río San Sebastián en Santa Rosa de Lima. Este río es un ejemplo del fenómeno de “drenaje ácido”. Los problemas ambientales relacionados al drenaje ácido son variados y dependen de las condiciones de cada lugar, pero en general, perduran en el largo plazo. El proceso inicia con la exposición de grandes cantidades de roca al aire – que es inevitable en el caso de minería metálica - y sigue con el posterior contacto de los componentes de la roca (minerales sulfurados) con el agua. Luego sucede una reacción química que resulta en una alta acidez del agua, así como la presencia de sulfatos, hierro y otros metales que pueden disolverse en el agua, dando como resultado una mezcla tóxica de liquidos. Una vez que ocurre esta reacción química, no se detiene y se mantiene por años y siglos...
Foro sobre la Defensa de los Recursos Naturales y la Vida de los Pueblos en la Universidad Luterana Salvadoreña (Foto: COPAE)
Entre los días 20 y 22 de abril, una delegación de la COPAE, junto a una delegación del Consejo de los Pueblos de San Marcos asistieron a un foro Latinoamericano en la ciudad de San Salvador, El Salvador. El tema central del foro, organizado por CEICOM, fue ‘la Defensa de los Recursos Naturales y la Vida de los Pueblos’. A través de varios discursos de puntos de vista muy diversos, aprendimos que la resistencia minera en San Marcos tiene muchos aliados en toda Latinoamérica. Tenemos en común: Una lucha pacífica contra – sobre todo – empresas exteriores que están saqueando nuestra naturaleza de la que dependemos. Este proceso está pasando a través de leyes mineras que invitan a las empresas a hacer este saqueo sin pago proporcional al daño que están causando. Además, esta práctica está siendo institucionalizada por las firmas de Tratados de Libre Comercio (TLC) en Latinoamérica.
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